En Estados Unidos, la Primera Enmienda de la Constitución establece que la Iglesia y el Estado deben mantenerse separados, lo que significa que el gobierno no puede respaldar ni establecer ninguna religión ni pretender representar o hablar por Dios. Hoy, el Partido Republicano, uno de los principales partidos políticos de Estados Unidos, apeló a Dios y a los valores religiosos durante su Convención Nacional Republicana de 2024, celebrada del 15 al 18 de julio de 2024.
Dios se convirtió en el punto focal de la plataforma del partido en la cuarta y última noche de la convención. Tanto los pastores Franklin Graham como Lorenzo Sewell asistieron a la conferencia política e instaron a la gente a ayudar al partido a unirse para las próximas elecciones utilizando su influencia espiritual. Para entusiasmar a la base y atraer a una audiencia más amplia, ambos hicieron un llamado a Dios y combinaron políticas políticas con temas bíblicos, Escrituras y oraciones.
El vídeo deja claro que estos líderes religiosos están combinando la política y la religión como punto focal para influir en los votantes. Estos pastores están movilizando a la gente para participar en una elección política mientras afirman hablar en nombre de Dios. Tales iniciativas van en contra tanto del mandato constitucional de preservar la separación de la Iglesia y el Estado como del ideal de libertad religiosa. La inspiración nos dice que llegará el día en que las iglesias tendrán el poder de influir en el estado y crear leyes. Esto implica que los líderes religiosos ejercerán presión política sobre los responsables políticos para que cumplan sus decretos. Esto nos acerca a la formación de la imagen de la bestia durante la crisis de la ley dominical.
“Cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, unidas sobre puntos de doctrina que tienen en común, influyan en el Estado para que haga cumplir sus decretos y sostenga sus instituciones, entonces la América protestante se habrá formado una imagen de la jerarquía romana. , y el resultado inevitable será la imposición de sanciones civiles a los disidentes” (El conflicto de los siglos, p. 445).
