El 9 de enero de 2026, adventistas del séptimo día de todo el mundo enviaron una carta abierta al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, solicitando la terminación total de todas las relaciones formales entre las Naciones Unidas y la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, incluyendo sus organizaciones afiliadas, como ADRA y las asociaciones de libertad religiosa. La petición insta a que no se establezcan nuevas alianzas en el futuro.
La petición se centra en la afirmación de que la Conferencia General ha mantenido el estatus de ONG consultiva ante las Naciones Unidas desde 1985 sin el consentimiento informado de la membresía global de la iglesia. Esta relación representa una desviación fundamental de los principios históricos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en particular de su arraigada postura contraria a las alianzas entre instituciones religiosas y poderes políticos. Esta alianza compromete la independencia moral y la identidad profética de la iglesia, ya que los fundamentos filosóficos e ideológicos de las Naciones Unidas son incompatibles con las enseñanzas bíblicas fundamentales y las creencias adventistas del séptimo día. Se plantean preocupaciones específicas sobre temas como la creación, la libertad religiosa, la salud, la autoridad moral y la observancia del sábado.
En la petición, los autores cuestionan específicamente la forma en que la Asociación General y sus líderes manejaron la pandemia de COVID-19 y el tema de la vacunación, argumentando que las declaraciones oficiales de la iglesia durante ese período revelaron una cesión de poderes con las autoridades seculares y una pérdida de la libertad religiosa. Afirman que, durante la pandemia, las publicaciones de la Asociación General afirmaron que rechazar las vacunas obligatorias era incompatible con las creencias adventistas y, en algunos casos, retrataron a los miembros que se negaron a vacunarse como asesinos. Los peticionarios argumentan que esto equivalió a una violación indebida de la conciencia y a una extralimitación de la autoridad eclesiástica. Sostienen que el apoyo de la iglesia a mandatos opresivos y su reticencia a defender exenciones religiosas demostraron su alineamiento con el enfoque de salud pública de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, en lugar de defender firmemente la libertad de conciencia tal como se define en las Escrituras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario