A
finales de septiembre, Canadá y la UE anunciaron la celebración del
Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), que incluye un mecanismo de
solución para las controversias inversionista-Estado. Una vez más, esto
da a las empresas extranjeras la posibilidad de demandar directamente a
los países en tribunales internacionales privados para la compensación
por las posibles pérdidas que lleguen a tener las empresas a causa de
las decisiones que tome un gobierno sobre la salud, las salvaguardias
nacionales ambientales, financieras, etc.Estas demandas inversionista-Estado son decididos por árbitros comerciales privados que son pagados para cada caso, con una clara tendencia a interpretar la ley a favor de los inversores.
El CETA representa un amplio número de acuerdos entre la UE y Canadá de los que una parte muy limitada se refiere a la propiedad intelectual, pero precisamente esta parte parece copiada del ACTA palabra por palabra, según puede comprobarse en una serie de protocolos del tratado filtrados antes de su publicación oficial.
“La estrategia de la Comisión Europea parece ser el uso del CETA como un nuevo ACTA, ocultando sus disposiciones en un acuerdo comercial más amplio con Canadá con la esperanza de que el Parlamento Europeo acepte las mismas disposiciones que acaba de rechazar en el marco del ACTA”, afirma Michael Geist, profesor de derecho canadiense, en su página web. Geist cita decenas de párrafos idénticos en los dos convenios. Sigue leyendo
