En Europa solamente se cultiva una variedad de cereal transgénico, el maíz fabricado por Monsanto, MON810, y es España, con el 90% de la superficie cultivada, 116.000 hectáreas el país que sostiene esta actividad en Europa. Portugal, la República Checa, Eslovaquia y Rumania son los otros países que han plantado la semilla, pero con una superficie dedicada al cultivo insignificante, según Inf OGM.
De todos los países cultivadores, ha sido España, representada por Iñigo Méndez de Vigo, el único que aprobó ayer en el Consejo Europeo la autorización de otro transgénico, el TC1507 de la Pioneer, una filial de la también multinacional estadounidense DuPont.
El maíz genéticamente modificado de Pioneer es resistente a insectos lepidópteros y tolerante a un herbicida, y llevaba desde el año 2001 buscando la aprobación europea. La Unión Europea mantiene un sistema de autorización muy complejo y además la siembra de estas semillas sufre el rechazo de gran parte de la opinión pública, que alega incertidumbre sanitaria.
De hecho aparte del citado de Monsanto, empresa que ha decidido retirar las peticiones de autorización para otras variedades, solamente tres transgénicos han conseguido permiso. La alemana Basf abandonó el cultivode la patata Amflora, trasladando a Estados Unidos la investigación. Bayer decidió el año pasado no renovar el permiso para el maíz T25, y Syngenta también cesó la actividad del Bt176.
En estos momentos hay 9 países que tienen prohibido cultivo transgénico, Alemania, Polonia, Austria, Hungría, Luxemburgo, Francia, Grecia, Italia y Bulgaria. Además de España, aprobaron en el consejo de ayer la autorización para el maíz de la filial de DuPont, Reino Unido, Suecia, Finlandia y Estonia, países insignificantes en la agricultura del Continente.
Aunque hubo una clara mayoría de 19 países que votaron en contra, el hecho de que cuatro, Alemania, Portugal, Bélgica y la República Checa, se abstuvieran, impidió que se alcanzase una mayoría cualificada suficiente para tumbar al nuevo transgénico. El singular sistema que rige en la UE, fuerza a la Comisión a dar luz verde al maíz de Pioneer.
Roger Waite, portavoz de la Comisión Europea para asuntos agrícolas y de desarrollo rural, así lo ratificaba ayer: “La CE debe adoptar la propuesta de autorización, no existe legalmente otra posibilidad”, subrayó. Esto se debe al recorrido que ha seguido el asunto.
Pioneer inició hace 13 años los trámites en la UE para poder vender la semilla
Pioneer inició los trámites en el año 2001. Tras conseguir un dictamen positivo de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la Comisión envió una propuesta de autorización al comité de Salud Animal y Cadena Alimentaria (SCoFCAH), que en el año 2009 no pudo alcanzar un acuerdo por falta de mayoría, pasando el asunto al Consejo, que tampoco la alcanzó ayer para el rechazo, devolviendo el asunto espinoso a la Comisión.
A pesar de los rechazos de cultivo, las importaciones de transgénicos para pienso son elevadas, ya que la legislación europea impide negarse a aquellas al no haber suficiente nutriente en la UE. Hay permiso para importar más de 50 productos genéticamente modificados.
La alta toxicidad denunciada por Seralini ha forzado algunos cambios en la evaluaciónde la UE
Hace un año, los países miembros de la UE aprobaron un nuevo protocolo de evaluación de la toxicidad de los alimentos transgénicos. Estas pruebas aumentaban el tiempo de análisis con las alimentación de ratas de laboratorio, pasando de 17 a 90 días. Unos meses antes, a finales de 2012 se produjo un gran revuelo con los resultados presentados por un investigador francés, Gilles Eric Seralini, sobre la toxicidad del transgénico NK 603 de Monsanto. El resultado, muy negativo para la industria, fue desautorizado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria por considerar el estudio falto de rigor.
Seralini y otros científicos consideran que las pruebas tienen que ser mucho más largas, en torno a los dos años, y deben tener en cuenta no sólo el transgénico sino todo el paquete agrotóxico que lo acompaña. Además, los críticos insisten en que la falta de rigor descanda especialmente en el procedimiento de evaluación de riesgos, establecido por el International Life Science Institute (ILSI), que es una institución creada por la industria biotecnológica. La posición del Gobierno español es la de dar por bueno lo que dice Estados Unidos, la gran potencia en esta materia.
